Ernesto Cavassa, S.J.

Director General de Fe y Alegría en Perú

En el marco de las políticas privatizadoras de la educación, en varios países se ha implementado el sistema de voucher por el cual el Estado entrega dinero a las familias (o a los tutores) para que puedan matricular a sus hijos en instituciones educativas privadas. En ese sentido, se ha presentado el Proyecto de Ley (PL) 2951/2022-CR en el Congreso, texto que fue objeto de debate público en tiempos recientes. El PL tiene como objeto ofrecer “mejor calidad educativa y dotar al Estado mecanismos más sólidos para atender la demanda educativa nacional por medio de una colaboración más estrecha con el sector privado” (art. 1).

El PL no incluye fundamentación que justifique la propuesta ni pondera sus riesgos. Se limita a indicar algunos componentes: los voucher serán entregados a las familias por el MINEDU a través de la UGEL respectiva; el monto es determinado anualmente y corresponde al costo unitario promedio anual de un alumno en una I.E. pública; las II.EE. elegibles para la distribución de los voucher son privadas y los criterios para su selección son administrativos; en el caso de que tengan pensiones superiores al monto del voucher, la familia puede inscribir a sus hijos en ellas si se comprometen a pagar la diferencia; cada año, el MINEDU define el número de voucher y las II.EE. elegibles; no podrán acceder a esta modalidad quienes han desaprobado el año. Los maestros están sujetos al régimen laboral privado.

A primera vista, esta propuesta parece ventajosa para las familias. A muchos les tentará la posibilidad de recibir dinero del Estado para matricular a sus hijos en una institución privada que, en el imaginario colectivo, suele estar mejor posicionada que la pública. En realidad, asumir esta modalidad implica, sin decirlo, el reconocimiento de un Estado incapaz de brindar una educación de calidad y que, por ello, no encuentra más solución que privatizarla.

Los voucher ¿son realmente la solución? El PL deja muchos cabos sueltos, tantos que hasta el CNE actual ha mostrado su disconformidad con él. Por ejemplo, entre los criterios de elegibilidad de las IIEE no se consideran logros de aprendizaje, por lo que el Estado terminará favoreciendo a IIEE que no hayan demostrado indicadores de calidad educativa sino solo criterios administrativos. Los requisitos para recibir los voucher son un aliciente para las familias que están en condiciones socio-económicas favorables; las que se encuentran en condiciones más precarias (entre ellas, las rurales o las peri-urbanas marginales) tendrán más dificultades para acceder a ellos, agudizando aún más la brecha educativa. Un tema abierto es la condición de los docentes: estarán sujetos al régimen privado y no mantienen relación laboral con el Estado. ¿Qué pasará entonces con quienes se encuentran en la carrera pública magisterial? ¿cómo será el proceso de selección para esta modalidad? ¿tendrán las mismas exigencias que un docente de escuela pública? Recordemos la experiencia de escuelas privadas de pésima calidad que proliferan en nuestros barrios. ¿Eso queremos? ¿Formalizar la mediocridad?

En Fe y Alegría consideramos que los voucher son una mala idea para la educación pública de calidad y atenta contra ella. Esta es un derecho de todas y todos como lo establece la Constitución. El Estado no puede eximirse de esta obligación y, más bien, debe priorizar a los más vulnerables. Para ello, debe promover la colaboración de la sociedad civil y el sector privado en temas de infraestructura educativa y de gestión pedagógica e institucional, manteniendo la gratuidad de la educación pública. En esa línea, es urgente incrementar la inversión del Estado conforme a lo establecido por el Acuerdo Nacional (política 12) y el Proyecto Educativo Nacional al 2036 (orientación estratégica 8). Se trata, en definitiva, de exigir la educación como un derecho universal y fortalecer al Estado como garante de este bien público.