Héctor Ignacio Escandell

Coordinador de Comunicación | Fe y Alegría Internacional

En los últimos cuatro años, la cifra de migrantes inscritos en el sistema educativo formal de Colombia se multiplicó por 17, en el caso de venezolanos. En el año 2018 se contabilizaban un poco más de 34 mil niños, niñas y adolescentes, mientras que, para el cierre del año escolar 2022, la cifra se ubicó en 586.971. La presencia de alumnos de Venezuela se multiplicó por 17. Publicó el diario El Espectador que circula en todo el territorio colombiano.

El ejemplo colombiano simplemente muestra una evidencia de las implicaciones que tiene la movilidad humana. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), de las 20 millones 700 mil personas bajo custodia de la ONU, 7,9 están en edad escolar y la mitad no goza del derecho al aprendizaje.

La educación es un derecho humano fundamental que está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

¿Por qué no se garantiza el derecho a la educación a todos los niños y niñas migrantes y refugiadas?, ¿qué le impide a los Estados ser garantes del derecho a aprender?

ACNUR, en la presentación de su informe educativo 2022 promueve que:

– La educación protege a la niñez y a la juventud refugiadasdel reclutamiento forzoso en grupos armados, del trabajo infantil, de la explotación sexual y el matrimonio infantil. La educación también fortalece la resiliencia de las comunidades.

– La educación empoderaporque brinda a las personas refugiadas el conocimiento y las habilidades que les permitirán llevar vidas productivas, plenas e independientes.

– La educación ilumina a las personas refugiadas porque les permite aprender sobre sí mismas y sobre el mundo que las rodea mientras se esfuerzan por reconstruir sus vidas y comunidades.

Desde Fe y Alegría también creemos en la educación como mecanismo liberador, protector e inspirador. A través de las distintas iniciativas se reflexiona y proponen estrategias para garantizar el derecho al aprendizaje en comunidades especialmente vulnerables.

Sobre el artículo de El Espectador, también hay que rescatar las diversas estrategias que las escuelas públicas y privadas han implementado para acoger a los y las niñas venezolanas. De acuerdo a la investigación, todos los estudiantes tienen derecho al acceso sin importar su estatus migratorio, que procuran ir regularizando en la medida que avanza el curso escolar.

También, los docentes han decidido hacer de la migración un tema de integración y resiliencia. En los centros educativos se realizan actividades de intercambio cultural, para que los estudiantes conozcan de dónde vienen y qué caracteriza a su país.

Un desafío global

A raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, millones de personas se desplazan por toda Europa con la aspiración de encontrar refugio y paz. Naciones Unidas estima que unos cuatro millones son niños y niñas en edad escolar.

España, Polonia, Alemania e Irlanda son los que han generado planes de inserción y adaptación de los estudiantes desplazados por la guerra. Las autoridades españolas calculan que hay 34.881 niños, niñas y adolescentes y de ellos, 26.298 ya están matriculados en el sistema.

La comisaria europea de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, Mariya Gabriel, señaló en un comunicado que, “muchos sistemas educativos en toda la Unión Europea han desarrollado nuevas políticas y medidas para abordar las necesidades educativas de los alumnos y estudiantes recién llegados de Ucrania”.

No todos los niños y niñas migrantes o refugiados tienen acceso a un sistema educativo que los considere en el centro de la acción política, a pesar de los acuerdos y pactos internacionales. El derecho al aprendizaje debe ser imperativo en cualquier circunstancia.